A partir del día Lunes 1 de Junio del 2020 el Ministerio de Salud Pública del Ecuador emprendió un operativo para decomisar las pruebas rápidas COVID-19 que no cumplen con las regulaciones emitidas por el ARCSA y el Ministerio de Salud Pública del Ecuador.
Al Ecuador llegaron aproximadamente 5 millones de pruebas que jamás cumplieron con los respectivos controles de calidad, buenas prácticas de almacenamiento, testeos y por lo tanto; como son reactivos químicos el 90% de estas pruebas están veladas; es decir, sus químicos al no ser manejados con responsabilidad se activaron automáticamente por lo tanto no sirven y los inversionistas para no perder su dinero bajaron el precio de costo que compraron, para recuperar por lo menos su inversión.